EL AJUSTE DE FOMENTO AFECTA AL 30% DE LAS OBRAS ADJUDICADAS Y PENDIENTES DE EJECUCIÓN.
El Ejecutivo rescinde 32 proyectos y reprograma los plazos de al menos 199. En total, 9.628 millones de euros comprometidos sobre un total de 33.000 millones.
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El ministro de Fomento, José Blanco, compareció ayer a petición propia en el Congreso de los Diputados para explicar el recorte de la inversión en infraestructuras de 6.400 millones de euros en dos años anunciado a mediados de mayo. Como él mismo ya había adelantado, la rescisión de contratos era una medida, aunque drástica, a la que no podía renunciar. Y así fue: hasta 18 de los 1.166 contratos de obra nueva de más de un millón de euros han sido anulados, o lo que es lo mismo, las constructoras adjudicatarias de los proyectos tienen ahora un agujero de 926 millones de euros, si bien podrán acogerse a la reclamación de lucro cesante (un 6% del presupuesto no ejecutado). Asimismo, 12 obras más han sido rescindidas pero se contratarán de nuevo mediante colaboración público-privada y dos se licitarán nuevamente a cargo del presupuesto ordinario, con lo que los directamente perjudicados son 32 proyectos.
Sumando las rescisiones a los aplazamientos, que implican 8.700 millones, el recorte afectará a contratos por valor de 9.626 millones, cerca del 30% de los 33.000 millones a los que asciende toda la cartera de obras que el departamento tenía hasta ahora adjudicadas y pendientes de ejecución. El ahorro que se anotará Fomento, sin embargo, asciende a 3.435 millones, cantidad en la que se disminuirá la capacidad de inversión prevista para 2011.
De los 18 contratos que con seguridad dejarán de existir, resulta que al menos la mitad de ellos están adjudicados a constructoras que no se cuentan entre las siete grandes del sector (ACS, Ferrovial, FCC, Acciona, OHL, Sacyr e Isolux-Corsán), a pesar de que éstas controlan el 43% de las adjudicaciones en el capítulo de carreteras que tiene en marcha la Administración estatal.
Así, entre los directamente afectados se incluyen, entre otros, Constructora Hispánica (Autovía A-27, 54 millones de euros), Peninsular de Contratas y Ortiz Construcciones y Proyecciones (A-63, 38 millones), Altec Infraestructuras (A-23, 53 millones), Aldesa Construcción y Azvi (circunvalación de Burgos, 68 millones) o incluso Ploder (M-40, 36 millones), actualmente sumida en un concurso de acreedores.
Eso no quiere decir que las grandes no hayan sufrido el golpe. Acciona ha sido la que más ha perdido, al contabilizar cinco de los 32 proyectos que suspenderá Fomento. Tenía contratados cinco proyectos por valor de 342 millones de euros, según datos de Europa Press, desde un trazado de la A-11 hasta otro de la A-8 en Cantabria. FCC ha resultado ser la segunda perdedora de entre las grandes, al cancelársele cuatro proyectos por valor de 286 millones. En el caso de la compañía controlada por Esther Koplowitz, el tijeretazo ha afectado a tres carreteras y una obra de ferrocarril (el trazado del Ave a Castellón).
Fuentes del sector apuntan, sin embargo, a que las compañías esperaban un recorte mucho mayor del que han acabado recibiendo. Asimismo, nada se dijo ayer que no supieran las constructoras afectadas, que durante las últimas semanas han ido siendo informadas de cómo les afectaría la contracción de inversión en infraestructuras. Con todo, ninguna de las consultadas quiso ayer hacer valoraciones acerca de las medidas. Tampoco lo hicieron las patronales del sector.
En cuanto a las reprogramaciones de obras (es decir, ajuste de los plazos de ejecución a los pagos), capítulo en el que entran 199 contratos por valor de 8.700 millones de euros, las grandes, por acaparar la mayoría de contratos, serán las más perjudicadas. Una lista, por cierto, que el ministro no da por cerrada, ya que según declaró podría haber alguna empresa que prefiera licitar.
Desigualdades regionales
No todas las comunidades autónomas han sufrido con la misma severidad la cancelación de proyectos, tal y como los parlamentarios se encargaron de reseñar en los turnos de réplica y contrarréplica. Y es que Fomento dio a conocer la lista de obras rescindidas, pero no informó de la inversión que supone cada una de ellas. Castilla y León, por ejemplo, ha visto truncados siete contratos, si bien tres de ellos serán incluidos en la licitación de colaboración público-privada que contempla el Plan Extraordinario de Infraestructuras, PEI.
Cataluña, por su parte, donde Fomento mantiene 182 contratos de obra nueva superior al millón de euros (valorados en 5.500 millones), se recortarán cinco, aunque dos de ellos (sendos tramos de la A-14) se incluirán también en el PEI. En Andalucía se han cancelado tres obras en la A-32 que ascienden a 187 millones de euros.
Los criterios seguidos para determinar el ajuste, según apuntó el ministro en la Comisión de Fomento, fueron estudiados para "minimizar el impacto del ajuste en nuestro sistema de transporte y en la actividad de las empresas".
Así, se priorizó el ferrocarril en su triple vertiente (alta velocidad, mercancías y cercanías). Con carácter general, además, se dio importancia a las obras "en muy avanzado grado de ejecución" y en rescindir el mínimo número de contratos posibles. También se tuvo especial cuidado en mantener la inversión en mantenimiento y conservación. Por último, se tuvo presente la posibilidad de licitar los proyectos mediante fórmulas de colaboración público-privadas.
Con todo, José Blanco quiso recordar que pese al ajuste el año acabará con una licitación de forma ordinaria de contratos por valor de 5.568 millones de euros, a los que habrá que añadir los 17.000 contemplados en el PEI.
En este sentido, el ministro reiteró que este verano se empezarán a conocer las actuaciones inscritas en dicho paquete.
"Somos conscientes de que este ajuste va a tener una importante repercusión en las empresas de construcción civil", dijo Blanco antes de cerrar su primera intervención. |
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